RIO DE JANEIRO. En la mañana del miércoles, mientras se mantenía la atención sobre el resultado de las elecciones de los Estados Unidos, la Fiscalía General de Río de Janeiro hizo pública la acusación formal al senador Flavio Bolsonaro, hijo mayor del presidente del Brasil Jair Bolsonaro. La presentación incluye los delitos de malversación de fondos públicos, blanqueo de dinero, pertenencia a organización criminal y apropiación indebida.

Flavio Bolsonaro, en la acusación, es considerado líder de un sistema de corrupción que desviaba parte de los salarios —pagados con dinero público— de 23 exasesores de su gabinete mientras fue diputado estatal, entre 2007 y 2018. Otras 16 personas han sido acusadas por los mismos delitos, incluido Fabricio Queiroz, un expolicía militar que ejerció durante años de asesor, es considerado el gestor del sistema de desvío y fue detenido en el marco de la investigación en la residencia del abogado del presidente de Brasil en junio de este año, tras estar prófugo de la justicia durante un año. Los restantes también fueron asesores del gabinete. 

Con un discurso de combate a la corrupción del sistema de gobierno de Brasil, el caso de Flavio Bolsonaro se ha convertido en el talón de Aquiles del presidente. Los tres hijos de Jair tienen ostentan cargos públicos electivos, Flavio es Senador, el segundo es diputado y el tercero busca la reelección como concejal en Río de Janiero. En el mes de septiembre el Tribunal Supremo habilitó una investigción sobre "injerencias políticas" del persidente en la Policía Federal en la búsqueda de evitar investigaciones sobre sus hijos.

El senador Flávio Bolsonaro declaró en un comunicado que la acusación de la fiscalía “no pasa de una crónica macabra mal engendrada”. El presidente ha mantenido el silencio hasta el momento. La investigación, que empezó a mediados de 2018 después de que el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) identificara movimientos atípicos en las cuentas de Queiroz, concluyó que Flavio Bolsonaro había desviado por lo menos 2,7 millones de reales de empleados que, en su mayoría, no trabajaban en su gabinete y no prestaban servicios en la Asamblea de Río.

Poco más de dos millones de reales provenían de cientos de transferencias bancarias e ingresos en efectivo realizados por al menos otros 13 asesores fantasma con los que el expolicía Queiroz tenía relación de parentesco, vecindad o amistad. Según la investigación, el dinero luego se le ingresaba a Flávio Bolsonaro o se utilizaba para pagar sus gastos personales. Siempre en efectivo. La Fiscalía de Río identificó más de 100 recibos de la escuela de sus hijas y del seguro de salud pagados en efectivo, además de ingresos equivalentes a 25.000 reales (4.400 dólares) en la cuenta bancaria de la esposa de Flávio Bolsonaro.

La Fiscalía sostiene que el senador Bolsonaro también utilizó transacciones inmobiliarias en la chocolatería de la que era socio para blanquear el dinero. La investigación también pone en evidencia el vínculo de Queiroz y la familia Bolsonaro con Adriano Nóbrega, un antiguo policía militar convertido en criminal, sospechoso de participar en el asesinato de la concejala Marielle Franco. Nóbrega, prófugo de la justicia, fue abatido en una operación policial en febrero. La exesposa y la madre de Nóbrega también trabajaban en el gabinete de Flávio Bolsonaro.

En el radar de las autoridades todavía están los 27 cheques que Queiroz ingresó a la cuenta bancaria de la esposa del presidente Bolsonaro, Michelle, que ascienden a unos 16.000 dólares. En total, la cantidad que Queiroz transfirió a familiares del mandatario puede alcanzar casi los 80.000 dólares. Además, según el periódico Estado de S. Paulo, el concejal Carlos Bolsonaro, el segundo hijo del presidente, compró un apartamento en efectivo cuando tenía 20 años, como consta en las escrituras. Y el periódico O Globo identificó que el diputado Eduardo Bolsonaro, su tercer hijo, utilizó 26.000 dólares en efectivo para pagar parte de dos apartamentos en Río de Janeiro, en 2011 y 2016. Aunque no es ilegal, la compra de bienes de alto valor en efectivo genera sospechas de blanqueo de dinero.